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lunes, 24 de agosto de 2015

La Transparencia como principio de Gobierno Abierto en las Administraciones Públicas: De la teoría a la práctica


LA TRANSPARENCIA COMO PRINCIPIO DE GOBIERNO ABIERTO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: De la teoría a la práctica
Por Lic. Eridania Bidó Fernández (@eridaniabidof ) y Lic. Geovanny Vicente Romero (@geovannyvicentr)
La transparencia es un tema que durante los últimos años se ha debatido a todos los niveles dentro de las administraciones públicas de muchos países, especialmente latinoamericanos, como consecuencia quizás, de los altos índices de corrupción percibidos por  los ciudadanos gracias a los informes nacionales e internacionales que periódicamente se publican sobre el tema. Igualmente, por la cantidad de escándalos en que se han visto envueltos funcionarios y gobernantes de distintos países, citamos los casos del ex presidente de Brazil Lula Da Silva (Caso Odebrech), la presidenta Bachelet en Chile, donde un hijo fue interrogado por presunta corrupción, suceso que en cierto modo ha afectado su imagen y claro,   el caso particular de Venezuela que sale en el informe de Transparencia Internacional (TI) del 2014, como el país más corrupto de la región, posición que comparte con Paraguay. Por otra parte, en este índice la República Dominicana figura en la posición 115, con 32 puntos dentro de ese ranking en una valoración de 173 países. El resultado de este último caso, no representa casualidad  ya que en los años recientes varios funcionarios dominicanos se han visto involucrados en sonados escándalos de corrupción por el manejo inadecuado de los fondos públicos, llegando hasta el círculo cercano del  ex presidente Leonel Fernández.
El siguiente gráfico presenta los resultados obtenidos en el citado informe de TI de 2014.
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La transparencia entendida desde la administración pública, podemos considerarla como la cualidad o atributo que contribuye al fortalecimiento de los valores, de la democracia y sobre todo, del incremento de  la eficacia en la gestión gubernamental, fortaleciendo el Estado social, democrático, y de derecho, a partir de la percepción ciudadana, ya que el ciudadano desea saber y tiene el derecho a saber sobre las ejecutorias de los gobiernos tanto a nivel central como local.
Igualmente, se entiende como la acción deliberada de los gobiernos por hacer públicas sus decisiones, determinaciones, políticas y programas.

LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA ES UNA GARANTÍA PROPIA DE LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS DE LOS GOBIERNOS. SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL RADICA EN QUE PONE AL ALCANCE DE LOS CIUDADANOS LA POSIBILIDAD DE “VER” LO QUE OCURRE AL INTERIOR DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES Y PERMITE DARLE SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACCIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, ASÍ COMO A LA GESTIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS.  

En consecuencia, la transparencia gubernamental no solo debe ser un tema de las leyes o reglamentos administrativos, sino ser parte de los valores institucionales, de formación ética de los funcionarios y servidores públicos. De tal manera que, un Estado transparente obedece a los intereses de los ciudadanos y está al servicio de las personas, dejando en el pasado la tradición de hermetismo que caracteriza a nuestras autoridades cuando se trata de  información.
De acuerdo a lo anterior, resulta interesante poner en contexto lo que queremos destacar, es por esta razón que nos orientamos a analizar cómo se ha dado la práctica de tantas teorías surgidas a raíz del principio de transparencia en las administraciones públicas y el tipo de aplicación práctica  en mejora de la gestión gubernamental, en nuestro caso citaremos a la República Dominicana.
Resultaría un auténtico  sinsentido  hablar de transparencia sin mencionar el libre acceso a la información pública y el derecho del ciudadano a saber, a conocer las ejecutorias del gobierno, en sentido general. A modo de  recuento, en el año 2004, se promulga en la República Dominicana la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (No. 200-04), constituyéndose de inmediato en un precedente en materia de transparencia gubernamental en el país. La citada ley de manera general establece el  Estado dominicano y todos sus poderes, organismos y entidades, de brindar la información que esta ley prevé con carácter obligatorio y la disponibilidad de actualización permanente al ciudadano que haciendo uso del debido proceso  solicitase data.
Esta ley es producto de la revisión y cumplimiento de la Constitución dominicana, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Articulo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), entre otros instrumentos.
Se contempla como una obligación,  el rendir información a quien la solicite, la cual se extiende a todos los entes y órganos legalmente constituidos o en formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo.
Los documentos señalados como referentes, establecen que: el ejercicio del derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y responsabilidades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones. Sin embargo, estas restricciones deberán estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De la misma forma, se reconoce que los individuos tienen derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas, consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.

EN ESE TENOR, EL DERECHO DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL SE CONSIDERA UNA DE LAS FUENTES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, PUESTO QUE PERMITE A LOS CIUDADANOS ANALIZAR, JUZGAR Y EVALUAR EN FORMA COMPLETA LOS ACTOS DE SUS REPRESENTANTES, Y ESTIMULA LA TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.

A continuación presentamos algunas estadísticas de informes que se han venido realizando en los últimos tiempos elaborados tanto por organismos internos como externos.
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Luego de la promulgación de la referida ley, se han llevado a cabo encuestas para conocer la opinión del ciudadano en relación al tema de corrupción, según los resultados del “Estudio de Percepción de la Corrupción en Hogares de la República Dominicana”, Dic. 2008.
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Los resultados del 2008, que no difieren mucho de los del 2007, indican que la ciudadanía reconoce el impacto de la corrupción en el desarrollo del país. Asimismo, se hace evidente que la mayoría de la población percibe altos niveles de corrupción en el país. Esta percepción guarda consonancia con los niveles reportados en el informe de Transparencia Internacional  donde se asignó una puntuación al país de 3, equivalente a corrupción rampante.
Por otra parte, se nota que existe una mayor aceptación a que la  responsabilidad de luchar contra la corrupción  debe ser  compartida entre los ciudadanos y el gobierno, y que la corrupción involucra tanto al que recibe como al que ofrece pagos ilegales.
Sin embargo, el reconocimiento de esta responsabilidad no incluye todavía la dimensión de no perpetuar prácticas corruptas por parte de ciudadanos y ciudadanas comunes en la vida cotidiana. La mayoría de los ciudadanos no se perciben así mismos como parte del problema (El país es muy corrupto, pero nosotros, no.)
Futuros programas de combate a la corrupción deben considerar campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana de denunciar y de negarse a participar en actos de corrupción, independiente del beneficio esperado.
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La percepción de la corrupción y de la inseguridad ciudadana aumentó en la República Dominicana en 2010 con respecto al 2008,  de acuerdo  con la Encuesta Barómetro de las Américas.
Desde que las AAPPs acuñaron el concepto de transparencia y se han apropiado de la doctrina política de Gobierno Abierto, a la fecha, más que transparentar la gestión y cumplir con los demás principios, las organizaciones públicas se han enfocado en  diseñar portales webs para promover este principio. Sin embargo, las informaciones que en la mayoría de los casos se publica en estos portales no cumplen con ciertos estándares, ya que la misma no es actualizada y no contiene informaciones relevantes para el ciudadano.
En conclusión, podemos decir que falta mucho por hacer en materia de transparencia en la República Dominicana, a pesar de contar con las herramientas y formar parte de la Alianza de Gobierno Abierto, estas cuestiones no son suficientes, es necesaria la participación activa de los ciudadanos desde el diseño de las políticas (proyectos / programas), su ejecución y su posterior evaluación, como una manera de legitimar la gestión gubernamental a través de la aprobación y satisfacción ciudadana.
Finalmente, transparencia no es rendición de cuentas a nuestros iguales, los gobiernos se deben a los ciudadanos, por tanto el foco de atención de sus ejecutorias debe estar dirigido al ciudadano, quien con sus impuestos paga los sueldos públicos.
Fuentes de referencia
Constitución dominicana de enero de 2010
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04
Ley No. 107-13
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1948)
El Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Articulo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)



Fuente: Política Comunicada
http://politicacomunicada.com/la-transparencia-como-principio-de-gobierno-abierto-en-las-administraciones-publicas-de-la-teoria-a-la-practica/




















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lunes, 22 de junio de 2015

Parlamento abierto en República Dominicana. Hacia una nueva forma de gestión parlamentaria





La tendencia actual en los países de América Latina hacia la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, se habla de Gobierno Abierto y de todas sus implicaciones centrando los esfuerzos a transparentar la gestión de la administración pública frente al ciudadano, pero resulta contradictorio cuando el desarrollo de las iniciativas y acciones de gobierno abierto se orientan más hacia las organizaciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo, y no del Estado en general.
Podemos decir, que se pierde un poco la esencia y objetivo del Gobierno Abierto, ya que estamentos como el Poder Legislativo que en nuestro país absorbe una significativa parte del presupuesto nacional, no se le hacen las mismas exigencias que a los demás poderes del Estado, cuando la función principal de este Poder es elaborar leyes, teniendo facultad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes de conformidad con las disposiciones constitucionales, pero no se percibe ese nivel de compromiso del legislador con el ciudadano.
Para referirnos específicamente sobre el tema abordado, es necesario poner en contexto el concepto de Parlamento, para luego entrar en materia sobre lo que propiamente se define como Parlamento Abierto (PA). Parlamento, en su acepción más común se define como el órgano político que se encarga de elaborar y reformar leyes, constituido por una o dos cámaras, cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos, y que está regulado, generalmente, por la Constitución.
En una búsqueda por hallar una definición para esta nueva forma de gestión parlamentaria, nos encontramos con el concepto dado por José Raúl Vaquero Pulido: Parlamento abierto es aquel que reconoce el derecho de acceso de los ciudadanos a la información parlamentaria, por lo que INFORMA sobre su actividad de forma transparente, en formatos abiertos y entendibles por la ciudadanía, así como ESCUCHA activamente lo que la ciudadanía demanda desde distintos canales.

En República Dominicana, caso objeto de este artículo, el Parlamento o Congreso como se le llama, está formado por dos cámaras, Cámara de Diputados y Senado, la primera integrada por 178 legisladores elegidos por representación 1 por cada 50 mil habitantes, 5 para los partidos sin representantes con mayor cantidad de votos y 7 de ultramar que representan al país en el extranjero, en tanto que el Senado está integrado por 32 congresistas, lo cual convierte a República Dominicana en uno de los países con mayor cantidad de legisladores de la región.
Todo este recuento es para contextualizar lo que queremos destacar y el por qué surge la necesidad de implementar en República Dominicana un Parlamento Abierto. Evidentemente, el costo que representa cada congresista (400.000 pesos aproximadamente) en relación a los beneficios que aportan al ciudadano desde esta función, parece excesivo. Al igual que el Gobierno Abierto, el Parlamento Abierto busca legitimar las acciones legislativas a través de la aplicación de tres principios fundamentales, transparencia, colaboración y participación, constituyendo los ejes de cualquier plan de Parlamento Abierto. Con su implementación se pretende que exista una relación entre los ciudadanos y el Parlamento, caracterizada por la incorporación de canales de comunicación y contacto inmediato. El sistema democrático le reconoce al parlamento las siguientes garantías: inviolabilidad, autonomía reglamentaria, autonomía presupuestaria y autonomía funcional, pero esto no le exime de rendir cuentas sobre sus ejecutorias al ciudadano que es quien les elige para representarlos. En ese contexto, es necesario que en la RD se fomente la implementación del Parlamento Abierto, el ciudadano tiene derecho a saber.
Los congresistas de República Dominicana tienen una deuda pendiente con el ciudadano, informar de las ejecutorias del parlamento. Transparentar la gestión, rendir cuenta, no es presentar por televisión una asamblea revisora, el ciudadano quiere participación, el país necesita de un Parlamento Abierto, de cara a mejorar la imagen que se tiene en ese ámbito, y de la gran mayoría de los legisladores. República Dominicana está en un buen momento en el tema de gobierno abierto, cuenta con normativas que regulan los temas de acceso a la información y la rendición de cuentas, un organismo para los temas de transparencia, el órgano responsable del desarrollo de las TIC o el llamado gobierno electrónico para fomentar su uso y acercar al ciudadano al Estado en sentido general, es decir que el país se ha venido preparando para cumplir con los principios rectores de un Gobierno Abierto (vale destacar que es uno de los países que integra la Alianza -AGA-, y de igual modo se han elaborado dos planes de acción con iniciativas que se han implementado y otras que se encuentran en su desarrollo). Por lo anterior, entendemos oportuno que los esfuerzos también deben tener alcance en las esferas legislativas y un buen referente sería México como principal país que ha implementado esta nueva forma de gobierno a nivel parlamentario.

El país más aventajado en el tema es México, quienes por transparentar la gestión de este estamento, formaron la Alianza para el Parlamento Abierto. A continuación algunos resultados de su implementación y principios rectores:

Resultados generales de los Diez principios de Parlamento Abierto en México:


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El tener parlamentos abiertos significa transparentar la información y rendir cuentas; crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana y usar tecnologías que abonen el camino para la construcción de esta nueva relación, con parlamentos receptivos, innovadores y efectivos a favor de la gente.

Principios de Parlamento Abierto en México


La Alianza para el Parlamento Abierto (APA) es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales, cuyo objetivo es lograr que las 34 instituciones legislativas en México cumplan con los principios y acciones del PA.

Elementos que distinguen a un Parlamento Abierto:
1. Derecho a la Información.
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
3. Información parlamentaria.
4. Información presupuestal y administrativa.
5. Información sobre legisladores y servidores públicos
6. Información histórica
7. Datos abiertos y no propietario
8. Accesibilidad y difusión.
9. Conflictos de interés.
10. Legislan a favor del gobierno abierto

Otros países que han hecho intento de establecer Parlamento Abierto, son Chile, Argentina y Brasil.



Fuente:  Cátedra Libre Gobierno Abierto | Universidad Nacional de La Plata















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jueves, 11 de junio de 2015

Continúan los trabajos para para Carrera Penitenciaria en República Dominicana



Los trabajos técnicos orientados a implementar el Sistema de Carrera Penitenciaria en la República Dominicana continúan realizándose y dicha carrera administrativa especial se encuentra en un nivel avanzado.

Todas las autoridades del Nuevo Modelo Penitenciario y de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) se han involucrado activa y técnicamente de cara a lograr la dignificaciòn y estabilidad de los servidores penitenciarios y correccionales. Así lo ha demostrado el Director General de esta institución, el Dr. Ysmael Paniagua.

De parte del Ministerio de Administración Pública (MAP), un equipo técnico ha venido asesorando en los temas de fortalecimiento institucional y Carrera Penitenciaria al Nuevo Modelo Penitenciario. Entre los analistas del MAP, se encuentran por la Dirección de Sistemas de Carrera, la Licda. Eridania Biđó Fernández y el profesor Geovanny Vicente Romero, entre otros analistas de distintas áreas del MAP,




























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martes, 2 de junio de 2015

"Hagamos un pacto eléctrico social: Acabemos con los apagones"


Propuesta (video):
Voz: Geovanny Vicente Romero



Para nadie es un secreto que el motor del desarrollo de un país se activa con el impulso de todos los sectores de la nación, y el sector eléctrico no es la excepción, el más que todos.
    

En  República Dominicana, como en países de América Latina y el Caribe, se habla del cambio hacia un nuevo modelo, de energía limpia y renovable, de la transición hacia otra matriz de generación energética, de plantas nuevas, se habla del llamado pacto eléctrico.

Sin embargo, el problema no solo es técnico, el problema es comunitario y social, es de #culturaciudadana, el problema eres tú, el problema soy yo, el problemas somos todos, por tanto, también somos la solución.
Este paradigma puede cambiarse, vemos como los muros de resistencia se vienen abajo, ha llegado el momento del #cambio.

Mi propuesta es diseñar  una gran campaña ciudadana de #cambiodecultura, orientada al ahorro de energía, incentivando el pago de la factura para que todos paguemos exclusivamente lo que consumimos y no sea un grupo de #ciudadanos responsables los que subsidien al resto de la población.

     

Recuerda, ahorrar energía es tan importante como ahorrar el agua, pensemos en los demás, concientización  ciudadana es la clave.
Una solución que podemos exportar a países hermanos, empezando por Haiti.





Vamos apostar por una ciudadanía responsable, todos somos actores clave de la solución. Ha llegado la hora de la #innovación  e #integración, hagamos un compromiso país, firmemos el #pactoeléctrico social.






















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