Autor: Franklin Avila Profesor: Geovanny Vicente Romero
En el cuatrimestre enero-abril de
2014, el profesor que nos impartía en la Universidad Central del Este (UCE) la
materia electiva Derechos Humanos nos dijo: “República Dominicana es el campeón
mundial en violación de los derechos humanos”. Razonaba así en virtud de las
muchas violaciones que se cometían en contra de estos derechos, como por
ejemplo las ejecuciones policiales (“intercambios de disparos”), la negativa a
reconocer la ciudadanía a personas que nunca han salido de este país, entre
otras situaciones.
Aunque sin adentrarnos en la situación
de los derechos humanos en términos generales, pues no es el propósito de estas
líneas, sí es necesario admitir que dicho profesor tiene razón. Una buena
muestra de ello es el sistema penitenciario de nuestro país, especialmente la
realidad que se vive en el viejo modelo.
En el nuevo modelo penitenciario la
realidad es distinta, pero apenas abarca el 20% de población carcelaria, según
dijo la directora nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, en un trabajo
publicado en el Periódico Hoy, bajo la firma de Rosa Alcántara (http://hoy.com.do/el-sistema-carcelario-rd-colapso/).
A quien escribe le bastó una visita en
el año pasado 2013 a la cárcel Najayo en San Cristóbal para darse cuenta de esa
realidad.
Primero ingresamos a Najayo-Hombres,
que opera bajo el viejo modelo. El ambiente allí es, a mi modo de ver,
sumamente deprimente y penoso. Se trata de una cárcel atestada de reclusos,
donde todos están apiñados; Inmundicia,
desorden (los reclusos dispersos por los pasillos), intranquilidad como
consecuencia de la música y las conversaciones en alto tono de los reclusos; mal
estado de la infraestructura caracterizada por la falta de pintura en su mayor
parte; las celdas eran muy pequeñas para la cantidad de internos, donde en
ocasiones había unas camas ubicadas en unos agujeros en el techo; las celdas no
disponían de espacios para que sus ocupantes pudieran colocar sus ropas y
pertenencias en un lugar decente.
Estamos hablando que Najayo-Hombres
está capacitado para albergar a 894 internos, pero al 2014 cuenta con 1821, más
del doble de su capacidad, según informó el subdirector de allí, Desiderio
Galva.
Ese escenario descrito sirve
perfectamente para ilustrar la violación de un derecho fundamental consagrado
en nuestra Constitución, como es la dignidad humana.
Es una realidad que contrasta con lo
que expresa el reputado jurista Eduardo Jorge Prats, en su libro Derecho
Constitucional, volumen I y cuarta
edición: “la Constitución dominicana expresa que ella se fundamenta en el respeto
a la dignidad humana (artículo 5) y que, del mismo modo, el estado se
fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la
protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes,
considerándose la dignidad del ser humano como sagrada, innata e inviolable y
siendo su respeto y protección una responsabilidad esencial de los poderes
públicos, (pp. 593)”.
Y es una realidad que ha sido también plasmada
por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que en informes pasados así lo revela.
“La Comisión tuvo la
oportunidad de constatar las condiciones precarias y deficientes de salubridad
en que viven los presos en las cárceles que visitó. La Comisión observó que la
basura no era tratada de manera higiénica, que existía escasez de agua potable
y que los presos alojados en espacios más amplios (pabellones, cafeterías,
etc.), construían pequeñas divisiones con telas sucias, cartón y otros
materiales. Se pudo constatar en las cárceles visitadas que la lluvia entraba en
las celdas y otros espacios de las prisiones, acumulándose el agua en los
lugares en que habitaban los presos, creando una situación de riesgo para su
salud”, revela un informe publicado en el portal http://www.cidh.org/countryrep/rep.dominicana99sp/cap.8.htm.
El concepto de dignidad humana es
amplio, pero aplicado a este caso nos referimos a esas condiciones mínimas que
deben ser garantizadas a los privados de libertad por su sola condición de
persona humana.
A lo que se aspira es que a los
internos se les brinde ciertas condiciones adecuadas (lugar limpio, celda con
espacios adecuados, un ambiente propicio, etc), para verdaderamente lograr la
finalidad de las penas, que no es otra cosa que la reinserción y rehabilitación
social del que cumple condena.
De esa forma evitamos lo que Jorge
Prats expresa en la citada obra, en su página 597:“La dignidad queda
comprometida en aquel ordenamiento que obliga o permite que el hombre tenga que
subsistir en condiciones infrahumanas, en una situación de desamparo, exclusión,
marginación y opresión social que lo degradan a la condición de objeto”.
Como mencionaba anteriormente, la
realidad en Najayo-Mujeres es muy diferente a la que se vive en Najayo –Hombres. Se ve un ambiente de
limpieza, de tranquilidad. Todo está organizado, las celdas y la
infraestructura en sentido general está limpia y en orden.
La solución para acabar con el estado
actual que se vive en Najayo-Hombres pasa por implementar allí en un cien por
ciento el nuevo modelo penitenciario que el Estado está realizando y que ya
abarca al 20 de la población carcelaria. Es decir, más inversión estatal en
esta problemática.
También sería bueno evitar lo
que la directora nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, llama como “”populismo penal”, que consiste
en que muchos jueces bajo presión
social envían a prisión preventiva a personas que son acusadas por hechos
sencillos. Ahí estánn las leyes sobre Perdón Condicional y Libertad
Condicional, que son buenos instrumentos para descongestionar las cárceles y
por ende evitar esas precarias condiciones en que viven los internos.“
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